Imer Mushkolaj

 

Arlinda Zekaj había advertido de su propia muerte. No en una conversación privada, ni mediante un mensaje que pudiera perderse en el teléfono de alguien, sino a través de cartas dirigidas a la Fiscalía de Peja. Había pedido ayuda y había expresado su preocupación para que se actuara antes de que fuera demasiado tarde. El 25 de octubre la mataron. Apenas tres días después de su advertencia.

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No hay muchas maneras de describir esta tragedia. Una mujer pidió protección al Estado y no logró recibirla a tiempo. Una mujer intentó dejar claro a las instituciones que su vida corría peligro, pero la advertencia no bastó para salvarla. Una mujer, que debía haber sido protegida, acabó asesinada. Y la sociedad vuelve a enfrentarse a la misma pregunta que se ha planteado tras decenas de casos similares: ¿hasta cuándo?

Según las sospechas hechas públicas, a Arlinda la mató su cuñado. El autor deberá responder ante la justicia por este crimen. Pero sería inadmisible que la investigación se centrara únicamente en el hombre sospechoso de haberle quitado la vida. Porque, además de la responsabilidad penal del autor, existe otra pregunta igualmente importante: ¿podría haberse evitado este asesinato si las instituciones hubieran tomado en serio el peligro que Arlinda les había advertido?

Esta pregunta no es para consumo político. Tampoco para satisfacer la indignación de la opinión pública, que después de cada asesinato de una mujer se llena de declaraciones, reacciones y promesas. Es una pregunta sobre la responsabilidad del Estado respecto a la vida de sus ciudadanos. En este caso, la respuesta debe provenir de los documentos, de las acciones de los funcionarios y de una investigación independiente, no de conferencias de prensa ni de comunicados vacíos.

Arlinda había solicitado una intervención urgente y había expresado su preocupación por la manera en que las instituciones estaban tratando su caso. El domingo 25 de octubre denunció nuevamente la violencia doméstica. Su exmarido fue detenido y ella fue llevada a casa bajo escolta policial. Poco después fue encontrada asesinada. Este es uno de los detalles más estremecedores de lo ocurrido: una mujer que había pedido protección acabó muerta, aunque las instituciones habían sido informadas del peligro.

No basta con decir que la policía la había llevado a casa “por voluntad propia”. Tampoco que se había seguido un procedimiento conforme a cierta interpretación de las normas. La tarea de las instituciones no consiste simplemente en realizar algunos trámites formales, rellenar formularios y registrar denuncias. Su deber es comprender el peligro, evaluar las circunstancias y adoptar medidas que protejan la vida. Cuando existe una advertencia seria, la responsabilidad no termina con la pregunta de si la víctima solicitó o no una medida determinada. Las instituciones deben hacer todo lo que la ley les permite para prevenir la tragedia.

Es precisamente aquí donde comienza el fallo que debe investigarse. ¿Qué ocurrió con la carta de Arlinda? ¿Quién la examinó? ¿Qué medidas se adoptaron después de recibirla? ¿Se evaluó realmente el riesgo para su vida? ¿Se cumplió la decisión judicial para cuya ejecución había solicitado intervención? ¿Se coordinaron la policía, la fiscalía y el Centro de Trabajo Social? Y, sobre todo, ¿quién decidió que podía regresar a una situación en la que, poco después, fue asesinada?

Estas no son preguntas que puedan zanjarse con un informe administrativo elaborado para proteger a la institución de las críticas. Las respuestas deben ser públicas, basarse en hechos e ir acompañadas de consecuencias concretas si se determina que los funcionarios incumplieron sus deberes. No se puede exigir confianza en la justicia cuando esta no consigue proteger a una mujer que acude precisamente a ella en busca de ayuda.

Si se demuestra que la negligencia, la inacción o el incumplimiento de las obligaciones legales por parte de los funcionarios contribuyeron a que no se evitara este asesinato, la responsabilidad debe ser individual e institucional. Las dimisiones no pueden sustituir a la investigación, pero tampoco se puede usar la investigación como excusa para no asumir responsabilidades. Debe haber consecuencias profesionales, disciplinarias y penales. De lo contrario, este será solo otro caso en el que las instituciones prometen que aprenderán la lección para luego seguir como si nada hubiera ocurrido.

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Aquí tampoco se puede dejar de hablar de la responsabilidad política. El Estado no es una noción abstracta ni un edificio sin nombre ni dirección. Está compuesto por instituciones y lo dirigen personas con obligaciones concretas. Los gobiernos pueden aprobar estrategias contra la violencia doméstica, los ministerios pueden elaborar planes de acción y los funcionarios pueden ofrecer conferencias para mostrar cuánto se está haciendo. Pero, si una mujer advierte que pueden matarla y tres días después aparece asesinada, todos esos documentos y promesas deben ponerse en entredicho.

No es la primera vez que Kosovo se enfrenta a asesinatos de mujeres. Cada vez que ocurre un crimen de este tipo, se oyen las mismas frases: habrá una investigación, habrá responsabilidades, se adoptarán medidas. Luego pasan los días, la atención pública se desplaza a otra parte y las familias de las víctimas se quedan con su dolor. Mientras tanto, las mujeres que sufren violencia siguen preguntándose si vale la pena pedir ayuda, si las escucharán y si las instituciones estarán ahí cuando más las necesiten.

Este es el mayor daño que causa un fallo así: no solo la pérdida de una vida, sino también la destrucción de la confianza en que el Estado puede protegerte. Cuando una mujer pide ayuda y acaba asesinada, el mensaje que se transmite a otras mujeres es aterrador. Se les dice, sin palabras, que ni siquiera una advertencia puede bastar.

Por eso, el asesinato de Arlinda no debe tratarse únicamente como un crimen cometido por un individuo. También debe investigarse como prueba del fallo del sistema que debía protegerla. Las instituciones conocían el peligro y no adoptaron las medidas necesarias; por tanto, el Estado tiene responsabilidad por la muerte que no logró prevenir.

Arlinda no necesitaba declaraciones ni condolencias después de su muerte. Necesitaba protección mientras estaba viva. No necesitaba que las instituciones la recordaran después de que la mataran, sino que la escucharan cuando pidió ayuda. Ella había advertido al Estado. El Estado debe explicar por qué no logró salvarla.

Si este asesinato también queda impune, no será solo otro fracaso. Será una prueba de que en este país la vida de una mujer puede importar menos que la burocracia, la indiferencia y el temor de las instituciones a enfrentarse a sus propios errores.

Y entonces, la pregunta ya no será solo quién mató a Arlinda. Será cuántas veces más dejará el Estado que mueran mujeres, aunque hayan advertido que corren peligro.