Xhelali y Donika deben dimitir. ¡Qué vergüenza!
La responsabilidad no puede detenerse en los policías, fiscales o jueces que estuvieron directamente implicados. Debe llegar hasta la cúspide de la jerarquía institucional y política. Las dimisiones de Xhelal Sveçla y Donika Gërvalla ya deberían haberse producido.
Imer Mushkolaj
Arlinda Zekaj no fue asesinada porque nadie supiera que estaba en peligro. No fue asesinada porque no hubiera pedido ayuda. Tampoco porque no hubiera alertado a las instituciones. Al contrario, hizo lo que debe hacer una ciudadana cuando se siente amenazada: pidió ayuda a la policía, denunció la violencia, solicitó protección al tribunal y alertó a la fiscalía del peligro que corría. Incluso, apenas tres días antes de que la asesinaran, escribió a la fiscal jefe de Peja para dejarle claro que su vida corría peligro. Aun así, fue asesinada.
Esta es la parte más terrible de toda esta tragedia. Arlinda no era una mujer a la que el Estado no hubiera logrado encontrar para protegerla. Era una mujer que acudió al Estado, llamó a las puertas de las instituciones y pidió que no la dejaran sola frente a las personas que la amenazaban. Pero las instituciones no le brindaron la protección necesaria. Al final, fue víctima de la violencia, pero también de un sistema que no funcionó cuando más debía hacerlo.
Cuando una ciudadana advierte que podrían asesinarla y las instituciones no logran protegerla, no estamos ante un simple caso criminal. Estamos ante un fracaso del Estado.
La cronología del caso es estremecedora. Desde la primera denuncia de violencia en julio, la solicitud de una orden de protección de emergencia en septiembre, hasta la advertencia dirigida a la fiscal jefe pocos días antes del asesinato, hubo señales que debían haber activado los mecanismos de protección. Hubo demoras, deficiencias e inacción institucional. Esto ya no es una cuestión de interpretación política. Es una alarma sobre la forma en que nuestras instituciones tratan la vida de las mujeres que solicitan protección.
Pero esta tragedia también revela algo más: la podredumbre de un sistema de justicia que a menudo parece existir más para cumplir procedimientos que para hacer justicia a los ciudadanos. Una policía que registra denuncias, toma declaraciones y rellena formularios, pero no necesariamente comprende la gravedad del peligro. Una fiscalía que puede tener en sus manos información sobre amenazas graves, pero no logra actuar con la urgencia que exige una situación así. Un tribunal que debería ser una garantía de protección, pero que en ciertos casos se convierte en otro eslabón de la espera y las demoras.
¿Qué sentido tiene una orden de protección si no se cumple? ¿Qué sentido tiene denunciar ante la policía si la víctima sigue viviendo con el temor de que mañana quizá ya no esté viva? ¿Qué sentido tiene un sistema de justicia que solo reacciona después de que se comete un asesinato?
En esta historia tampoco debe pasarse por alto la responsabilidad política. Xhelal Sveçla, como ministro del Interior, y Donika Gërvalla, como ministra de Justicia, no pueden comportarse como si esta tragedia fuera un asunto que solo concierne a los funcionarios de menor rango. Por supuesto, los ministros no tramitan personalmente las denuncias ciudadanas, no redactan las acusaciones ni dictan las sentencias. Pero precisamente para eso existen los cargos que ocupan: para garantizar el funcionamiento de las instituciones, supervisar las políticas y exigir responsabilidades por los fallos en los sectores que dirigen.
Es inaceptable que, tras un caso así, su respuesta sea que dimitir no ayudaría a empoderar a las mujeres ni a esclarecer las responsabilidades. Todos sabemos que la dimisión de dos ministros no devolverá la vida a Arlinda. Tampoco que la dimisión sustituiría las investigaciones, la persecución penal y el castigo de quienes tienen responsabilidad. La cuestión es mucho más amplia: ¿existe en este país un estándar de responsabilidad política?
La dimisión de Sveçla y Gërvalla no sería solo un acto moral, sino una responsabilidad política por el fracaso de las instituciones bajo su dirección. Sería un mensaje de que la vida de una ciudadana no puede tratarse como una estadística, de que la pérdida de una vida tras reiteradas advertencias no puede despacharse con unas cuantas conferencias de prensa y declaraciones sobre investigaciones. También sería una forma de abrir espacio para que se aborden las responsabilidades sin que los ministros tengan que defender sus cargos.
Es cierto que se ha suspendido a varios agentes de policía, así como a funcionarios de la fiscalía. Pero la suspensión no es justicia. Tampoco es la conclusión de la investigación ni un sustituto de la responsabilidad individual e institucional. Deben investigarse todos los actos y omisiones, cada demora, cada decisión y cada negligencia. Nadie debe quedar protegido por su cargo, rango o vínculos políticos.
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Esta tragedia debe servir de alarma para todas las instituciones, pero también para la sociedad. No basta con salir a la calle después de cada asesinato, organizar protestas, publicar fotografías y pedir justicia, para luego volver a la rutina de siempre hasta el siguiente caso. Debe cambiar la forma en que se trata la violencia contra las mujeres. Hay que entender que las amenazas no son un conflicto familiar, que la violencia no es un asunto privado y que no se debe obligar a la víctima a demostrar una y otra vez que su vida corre peligro.
La policía debe reaccionar de inmediato, la fiscalía debe actuar con urgencia, los tribunales no deben prolongar los procedimientos y las instituciones sociales no deben tratar a las víctimas como casos administrativos. Debe existir un sistema que se comunique, coordine las acciones y haga seguimiento del caso hasta garantizar la protección de la víctima. Porque no basta con que cada institución diga que ha cumplido con su parte del trabajo si, al final, la ciudadana queda desprotegida.
La sociedad también debe rechazar la normalización de la violencia, las excusas para los agresores y la mentalidad que considera a la mujer propiedad de alguien. El silencio, la relativización y la culpabilización de las víctimas forman parte de una cultura que alimenta la violencia y allana el camino a quienes la ejercen.
El primer ministro y el Gobierno no pueden conformarse con recibir informes y prometer que los analizarán. Deben publicarse las conclusiones, identificarse a los responsables y adoptarse medidas concretas. Pero la responsabilidad no puede detenerse en los policías, fiscales o jueces que estuvieron directamente implicados. Debe llegar hasta la cúspide de la jerarquía institucional y política.
Arlinda Zekaj no necesitaba condolencias, conferencias de prensa ni declaraciones de solidaridad. Necesitaba protección. La pidió, pero no la recibió. Este es el fracaso que no puede taparse con ningún informe ni con promesa alguna de investigar.
Si ni siquiera su caso basta para exigir responsabilidades políticas, entonces hay que preguntarse qué más debe ocurrir para que alguien en este Estado rinda cuentas. Un Estado que no logra proteger a una mujer que advierte que podrían asesinarla no puede pretender que está cumpliendo con su deber más fundamental hacia sus ciudadanos.
Arlinda no debe convertirse en un nombre más en la lista de mujeres asesinadas. Su asesinato debe ser un punto de inflexión, y la responsabilidad debe ser el punto de partida de ese cambio. Política. Institucional. Penal. El Estado no fracasa solo cuando el asesino aprieta el gatillo. También fracasa cuando deja sola a la víctima después de que ella haya pedido ayuda. Y alguien debe rendir cuentas por este fracaso.















