Se espera que cinco países de la UE anuncien la creación de un centro de deportación de migrantes en Ruanda, como parte de los esfuerzos por aumentar el retorno de los migrantes y frenar la migración irregular.

Según fuentes diplomáticas, Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y los Países Bajos tienen previsto dar a conocer el acuerdo para crear este centro en el país africano, que no tiene salida al mar.

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Los cinco países habían anunciado en septiembre que estaban trabajando en un acuerdo con un país de fuera de la Unión Europea para crear los denominados «centros de retorno». Por su parte, en agosto, Ruanda anunció que había iniciado conversaciones preliminares con varios países europeos.

El plan prevé que solo sean enviados a estos centros los solicitantes de asilo que hayan agotado todas las vías legales para permanecer en la Unión Europea.

Este esquema difiere del anterior acuerdo entre el Reino Unido y Ruanda, que contemplaba el envío de migrantes a este país para que se examinaran sus solicitudes de asilo. El acuerdo británico nunca se aplicó debido a los desafíos legales y fue cancelado definitivamente por el nuevo Gobierno laborista en 2024.

Se espera que los detalles del acuerdo entre los cinco países de la UE y Ruanda se hagan públicos el lunes en Viena.

Según fuentes diplomáticas citadas por la agencia de noticias AFP, el centro de Ruanda funcionará inicialmente como proyecto piloto, con capacidad para unas 100 personas. Se espera que cada uno de los cinco países envíe a 20 migrantes.

Los países europeos esperan que el centro empiece a funcionar durante 2027. Mientras tanto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podría desempeñar un papel de apoyo en este proceso.

Un portavoz de esta organización ha dicho que la OIM tiene una larga experiencia en la prestación de ayuda a los migrantes, incluso en situaciones complejas de tránsito, y ha confirmado que está en conversaciones con varios países de la UE sobre los planes para crear centros de retorno.

El acuerdo llega en un momento en que varios países europeos afrontan una creciente presión política para demostrar que pueden controlar la migración, especialmente debido a las próximas elecciones.

Sin embargo, el plan ha suscitado preocupación entre las organizaciones de derechos humanos.

La investigadora sénior para África de la organización Human Rights Watch, Clementine de Montjoye, ha expresado su preocupación por la elección de Ruanda y ha señalado que este país tiene un historial documentado de represión de opositores, detenciones arbitrarias y malos tratos en las cárceles, así como de apoyo a grupos armados en la República Democrática del Congo.

Ha advertido que pagar al Gobierno de Ruanda para que reciba a los migrantes no solo causaría sufrimiento a las personas deportadas, sino que también proporcionaría apoyo financiero e influencia política a un Gobierno responsable de graves violaciones de los derechos humanos.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea también ha subrayado que cualquier tercer país que albergue estos centros debe respetar los derechos humanos fundamentales. Según la Agencia, los migrantes no deben ser enviados a lugares donde se enfrenten a un riesgo grave de persecución, y los menores no acompañados no deben ser enviados a estos centros.

Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en los diez primeros meses de 2026 se registraron cerca de 110.000 cruces irregulares de las fronteras de la Unión Europea, lo que supone un descenso del 29 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Solo durante el mes de octubre se registraron alrededor de 18.100 cruces, un 6 por ciento menos que en octubre de 2025, pero un 22 por ciento más en comparación con septiembre. Este aumento se atribuye principalmente al notable incremento de las llegadas a través de la ruta de África Occidental hacia las Islas Canarias.