Imer Mushkolaj

Cuando Albin Kurti estaba en la oposición, la electricidad era uno de sus temas favoritos para atacar al poder. El precio de la energía, la gestión del sector, las injusticias contra los ciudadanos: todo se convirtió en un arma política. Kurti hablaba como representante de un pueblo cansado de las facturas caras, como la voz de las familias que apenas llegaban a fin de mes. Prometía justicia energética, estabilidad, bajadas de precios y responsabilidad. Hoy, varios años después de haber llegado al poder, aquella retórica parece un archivo de palabras olvidadas.

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Los hechos son tozudos: desde que Kurti está en el poder, la electricidad ha subido de precio varias veces. Las facturas han aumentado, la carga principal ha recaído sobre los ciudadanos y las pequeñas empresas, mientras que las justificaciones siempre han estado a mano: la crisis mundial, la guerra en Ucrania, los mercados internacionales, las importaciones, las condiciones meteorológicas. Todo esto puede ser un factor real, pero nada de ello borra la responsabilidad política por las promesas de antaño.

Kurti no llegó al poder como un tecnócrata frío, sino como un político que construyó su imagen sobre la moral, la justicia y la defensa del ciudadano común. Precisamente por eso, el fracaso en el asunto de la electricidad pesa más. Porque no había prometido simplemente una mejor gestión: había prometido un cambio radical.

Uno de los momentos más irritantes para el público fue su reciente declaración de que a los ciudadanos les gusta el calor y que mantienen la temperatura de sus habitaciones claramente por encima de lo normal. Una declaración así, en un país con salarios bajos, inviernos duros y un nivel de vida precario, no suena a explicación: suena a burla. Decir que el problema es el lujo de los ciudadanos, cuando apenas pueden pagar las facturas, es trasladar la culpa de la política a la gente.

La electricidad no es un lujo. No es un privilegio. No es un deseo extravagante. Es una necesidad básica. Con electricidad se calientan las casas y funcionan las escuelas, los hospitales, las empresas, los medios de comunicación y la infraestructura digital. Sin electricidad, la vida moderna se paraliza. Tratar la energía como algo que los ciudadanos deben consumir “con moderación”, como si fuera un artículo de lujo, es no entender la realidad social del país.

La mayor ironía es que Albin Kurti antes criticaba duramente al poder por cada subida de precios, por cada fracaso del sector energético, por cada factura elevada. Exigía responsabilidades, pedía rendición de cuentas, reclamaba cambios. Hoy, cuando ocupa el puesto de quien debe rendir cuentas, se esconde tras las circunstancias, las estadísticas y las excusas.

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En 2026, Kosovo sigue enfrentándose a graves problemas de suministro eléctrico. Cortes, incertidumbre, importaciones caras, capacidad de generación obsoleta: todo ello son síntomas de un sector que no ha sido reformado como se prometió. ¿Dónde están las inversiones estratégicas que se anunciaron? ¿Dónde está la visión a largo plazo para la independencia energética? ¿Dónde está la transparencia sobre los acuerdos, los contratos y las decisiones que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos?

En lugar de reflexión, a menudo hemos visto arrogancia. En lugar de reconocer los errores, hemos visto relativización. En lugar de pedir disculpas por las promesas incumplidas, hemos visto intentos de reescribir el relato, como si los ciudadanos no recordaran lo que se dijo en su momento.

Pero los ciudadanos recuerdan cómo se prometió que la electricidad sería más asequible. Recuerdan cómo se criticaba cada subida anterior como una injusticia. Recuerdan cómo Kurti hablaba de moral política y responsabilidad. Y hoy, cuando la realidad contradice las promesas, ven a un líder que no asume el peso de sus propias palabras. El problema no es solo el precio de la electricidad. El problema es la crisis de confianza. Porque cuando un político construye su capital político sobre críticas morales y luego actúa como aquellos a quienes criticaba, la decepción es doblemente grande.

La electricidad es una prueba para el gobierno. Es una prueba de sensibilidad social. Es una prueba de sinceridad política. Y hasta ahora, no se está superando. No porque las crisis no existan —sí existen—, sino porque la manera en que se han abordado no concuerda con las palabras pronunciadas antes de llegar al poder.

Al fin y al cabo, los ciudadanos no piden milagros. Piden honestidad. Si no se pueden cumplir las promesas, exigen responsabilidad. Si suben los precios, exigen transparencia y empatía. Si hay errores, exigen que se reconozcan. Pero lo que no piden —y ya no aceptan— es que se haga burla de los problemas de la gente y que una necesidad básica se convierta en objeto de ironía política.

La electricidad no es un lujo. Es un derecho. Y todo poder que lo olvide, tarde o temprano pagará el precio, política y moralmente.