La violencia no es un lenguaje político
El caso de Skenderaj no debe verse como un incidente aislado. Es consecuencia directa de la cultura política que se ha construido a lo largo de los años. Una cultura en la que los líderes avivan el militantismo y luego fingen sorprenderse cuando este estalla en agresión.
Imer Mushkolaj
La violencia en Skenderaj, donde se sospecha que el alcalde, junto con personas de su entorno, participó en la paliza al presidente del Movimiento Vetëvendosje allí, quien también es viceministro, es uno de esos sucesos que no deben relativizarse, justificarse ni pasar por un incidente común. El caso no tiene que ver únicamente con un altercado entre individuos, sino con un mensaje político peligroso: que el poder puede usar la fuerza física contra el adversario. Esto es alarmante.
Kosovo ha vivido muchas cosas para construir un sistema democrático en el que la competencia política se desarrolla con palabras, ideas y votos. No a puñetazos. No mediante la intimidación. No con el linchamiento físico de quien piensa distinto. En el momento en que la violencia entra como instrumento de comunicación política, la democracia empieza a deslizarse hacia un terreno peligroso en el que quien es físicamente más fuerte intenta sustituir los argumentos.
Los funcionarios públicos y las personas que ostentan el poder local tienen una responsabilidad mucho mayor que la del ciudadano común. Deben ser un ejemplo de mesura, no promotores de la agresividad. Porque cuando un alcalde participa en la violencia física contra un adversario político, no solo se rebaja a sí mismo. Degrada la institución que representa.
Pero más preocupante que el propio suceso es el silencio que le siguió. En lugares con una cultura democrática mínima, la reacción del partido debería haber sido inmediata y clara: condenar la violencia, distanciarse de la conducta de los funcionarios y exigir responsabilidades. Sin embargo, en el caso de Skenderaj, lo que se vio por parte de muchos altos cargos del Partido Democrático de Kosovo fue un silencio frío, casi normal, como si el suceso no mereciera ni preocupación ni reflexión. Este silencio hace que el problema sea aún mayor. La violencia no se normaliza solo por quienes la ejercen, sino también por quienes no la condenan. Por quienes hacen la vista gorda porque el agresor es «de los nuestros». Por quienes reaccionan solo cuando la víctima pertenece a su propio bando político. Y precisamente este doble rasero ha envenenado el discurso público en Kosovo durante muchos años.
Si hoy se justifica la paliza a un adversario político porque «nos provocó», mañana se justificará cualquier otra forma de agresión. Así comienza la degradación de una sociedad. No de inmediato, sino gradualmente, al convertir la violencia en una parte normal de la vida pública.
Las campañas electorales en Kosovo llevan mucho tiempo siendo tóxicas. El discurso de odio, las etiquetas, las calumnias y la demonización del adversario se han convertido en rutina. El adversario político ya no se ve como un rival democrático, sino como un enemigo al que hay que humillar, eliminar o destruir. Y cuando la política produce constantemente este ambiente, la violencia física se convierte en el siguiente paso. Por eso, el caso de Skenderaj no debe verse como un incidente aislado. Es consecuencia directa de la cultura política que se ha construido a lo largo de los años. Una cultura en la que los líderes avivan el militantismo y luego fingen sorprenderse cuando este estalla en agresión.
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Los políticos de Kosovo hablan constantemente de democracia, pero muchos de ellos no soportan la existencia de opiniones diferentes. Consideran el municipio, el partido o la ciudad como propiedad privada, en los que el adversario no tiene derecho a entrar. Esta mentalidad es profundamente antidemocrática.
Nadie debería tener miedo de realizar actividades políticas en ninguna ciudad de Kosovo. Nadie debería sentirse físicamente amenazado por sus convicciones políticas. En el momento en que los ciudadanos empiezan a pensar que participar en política puede costarles sufrir violencia, la democracia empieza a perder su sentido.
Es especialmente problemático cuando la violencia procede de personas con un mandato público. Porque tienen una responsabilidad no solo legal, sino también moral. Un alcalde no es un hincha del barrio, sino que representa a una institución. Cada uno de sus actos transmite un mensaje a los ciudadanos. Y cuando ese mensaje es que se puede agredir físicamente al adversario, el daño va mucho más allá de un incidente puntual.
En toda esta historia también faltó otro elemento importante: la reflexión. Todavía no ha habido un arrepentimiento sincero; por el contrario, hubo relativizaciones, justificaciones e intentos de desviar la atención. Esto demuestra que nuestra política aún no ha entendido que la violencia no es solo un problema penal. Es un problema cultural y político.
Las sociedades democráticas no se miden solo por las elecciones que organizan, sino por la forma en que tratan al adversario político. La democracia no se pone a prueba cuando estamos de acuerdo unos con otros, sino cuando nos enfrentamos a alguien a quien no soportamos políticamente y, aun así, reconocemos su derecho a hablar, organizarse y competir libremente.
Kosovo necesita urgentemente un cambio en la cultura política. Menos histeria partidista y más responsabilidad pública. Menos militantes que ven la política como una lucha física y más ciudadanos que entienden que el adversario no es un enemigo.
Esta responsabilidad recae en los partidos políticos, los líderes y todos los funcionarios públicos. Deben dejar claro que la violencia no es aceptable. Ni cuando viene del adversario ni cuando viene de los suyos. Porque si hoy se tolera la violencia por interés partidista, mañana nadie podrá controlarla.
La política debe ser una competición de ideas, no una competición de fuerza. La palabra debe vencer al puño, y no al revés.















