Imer Mushkolaj

La sentencia del Tribunal Especial de La Haya ha cambiado un capítulo importante del proceso contra los dirigentes del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK). La condena de los cuatro dirigentes del ELK no puede tratarse como la única y definitiva verdad sobre la historia de la guerra de Kosovo, pero tampoco como algo que pueda ignorarse debido al peso político de los nombres de los condenados. El tribunal ha dictado una sentencia de primera instancia. Ahora comienza otra fase: la apelación. Precisamente ahora Kosovo necesita más seriedad y menos ruido.

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El caso de los cuatro dirigentes del ELK no es solo una cuestión que concierna a cuatro individuos, sino que forma parte de un debate mucho más amplio sobre cómo se aborda la guerra de Kosovo, la responsabilidad individual, la cadena de mando, las pruebas, los testimonios, los estándares jurídicos y la interpretación de las circunstancias en las que se desarrolló la guerra. Por esta razón, cada paso siguiente debe meditarse hasta el último detalle.

La defensa ya debe tener claro qué impugna, cuáles son los puntos de la sentencia que pueden cuestionarse jurídicamente y qué argumentos pueden tener peso ante el Panel de Apelación. No bastan las declaraciones políticas ni repetir que el ELK libró una guerra de liberación. Esa es una verdad histórica y política para la sociedad kosovar, pero en la sala del tribunal son decisivos las pruebas, los estándares jurídicos, la interpretación de la ley y el modo en que se llegó a las conclusiones de primera instancia. Por eso, la preparación para la apelación debe ser extraordinaria.

Si Kosovo desea contribuir de manera seria, debe hacer lo que sea posible en términos políticos, institucionales y jurídicos. La política puede crear el espacio, los recursos y el apoyo institucional que necesitan los equipos de defensa, mientras que los juristas deben hacer el trabajo que les corresponde. Esto también requiere otro tipo de unidad en la escena política. No una unidad en torno a un partido ni a un líder, sino un acuerdo mínimo sobre algunos intereses relacionados con el Estado y su historia reciente.

Ante un proceso que se ha prolongado durante años, Kosovo no puede seguir comportándose como si toda cuestión relacionada con el ELK debiera utilizarse para los enfrentamientos internos. No es necesario que todos los partidos tengan la misma postura sobre el gobierno, la economía, el diálogo con Serbia o las políticas sociales. La democracia se nutre precisamente de las diferencias. Pero, en cuestiones tan delicadas, debe existir al menos un mínimo de coordinación institucional y política. Esto es especialmente importante ahora que se ha dictado la sentencia de primera instancia y la vía de recurso debe aprovecharse al máximo desde el punto de vista jurídico.

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Hay que reunir a los mejores expertos. Hay que analizar cada página de la sentencia. Hay que identificar las posibles discrepancias entre las pruebas y las conclusiones. Hay que examinar los estándares aplicados por el Tribunal de Primera Instancia y la forma en que se valoraron los testimonios. Hay que comprender claramente qué se puede solicitar en apelación y qué no. Y, sobre todo, hay que evitar la tentación de sustituir los argumentos jurídicos por argumentos emocionales. La respuesta más seria a una sentencia judicial es un sólido contraargumento jurídico. Pero eso no significa que la política deba guardar silencio.

Al contrario, las instituciones de Kosovo tienen la responsabilidad de hablar con claridad sobre la historia de la guerra, el sacrificio de los ciudadanos y el derecho de Kosovo a defender su verdad histórica. Pueden hacerlo mediante la diplomacia, la documentación, la investigación científica, los archivos, los testimonios y una comunicación internacional seria. Lo que debe evitarse es la improvisación.

Kosovo ha pagado caro la falta de coordinación. Lo ha pagado con enfrentamientos políticos, declaraciones contradictorias y el uso de las cuestiones relacionadas con la guerra como arma en las batallas partidistas cotidianas. En el caso del Tribunal Especial, semejante comportamiento no ayuda a nadie.

Ahora no es momento de preguntarse qué partido puede obtener rédito político de este proceso, sino de preguntarse qué se puede hacer para que el proceso de apelación sea lo más sólido y profesional posible.

Si hay un momento en que la escena política kosovar debe demostrar madurez, este es uno de ellos.

La unión más provechosa sería en torno a un principio sencillo: la defensa jurídica debe ser lo más profesional posible, las instituciones deben estar coordinadas y la historia de Kosovo debe documentarse y defenderse con hechos.

La sentencia de primera instancia no es el final del camino. Es un nuevo punto de partida. La apelación será una prueba para la defensa, pero también para la seriedad de Kosovo. Si queremos que se escuchen nuestros argumentos, debemos prepararlos en el lenguaje que entiende la justicia: con pruebas, con la ley, con hechos y con argumentos. En cuanto a lo demás, la política puede hacer lo que le corresponde.

Debe estar unida allí donde sea necesario y no convertir también este proceso en otra guerra política interna. La próxima batalla solo puede ganarse con argumentos sólidos.