Imer Mushkolaj

Ya no se trata solo de una asamblea que no consigue constituirse, ni de un desacuerdo político habitual entre partidos. Lo que está ocurriendo en Kosovo ha adquirido una dimensión mucho más grave: un partido político está utilizando su mayoría parlamentaria como instrumento para mantener como rehén el funcionamiento de las instituciones del Estado.

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El Movimiento Vetëvendosje, el partido más grande de la Asamblea y la fuerza que ha obtenido la mayor confianza de los ciudadanos, en lugar de utilizar este resultado para hacer que la Asamblea funcione, lo está utilizando para bloquearla. Ahora el obstáculo son los nombres de los candidatos de la oposición a las vicepresidencias de la Asamblea; mañana puede encontrarse otra razón y pasado mañana, otra más. Esta es la parte más preocupante de esta historia: cuando una fuerza política decide que la Constitución y las normas institucionales solo valen cuando se ajustan a sus propios intereses, el Estado entra en una zona peligrosa.

La cuestión no es si a Vetëvendosje le gusta o no un candidato a vicepresidente. Tampoco se trata de si alguien de la LDK o del PDK es políticamente aceptable para Vetëvendosje. Los candidatos pueden ser criticados, se les puede oponer políticamente y se les puede rechazar si existen razones constitucionales o legales para ello. Pero la Asamblea no puede convertirse en rehén de la voluntad de un partido que pretende imponer quién debe ocupar un puesto que corresponde a otro grupo parlamentario. Esto no se llama democracia parlamentaria. Se llama bloqueo.

Y cuando el bloqueo se repite, cuando para cada paso se encuentra una nueva razón, cuando pequeños obstáculos técnicos o políticos se convierten en grandes cuestiones de Estado, entonces resulta difícil creer que todo sea una casualidad.

Está claro que el bloqueo se está utilizando como instrumento político. El objetivo no es solo impedir que la LDK y el PDK elijan a sus candidatos. El objetivo es ganar tiempo. Cuanto más se prolongue la crisis, más se acerca el momento de las nuevas elecciones. Y las elecciones, naturalmente, no son solo una cuestión constitucional. También son una cuestión de cálculo político.

En política, el tiempo importa. Un partido que cree que una fecha electoral determinada le beneficia tiene interés en que se llegue a esa fecha. Si para ello hay que aplazar la constitución de la Asamblea, retrasar la creación de las instituciones y mantener en espera al país y a sus ciudadanos, entonces estamos ante un cálculo que sitúa el interés partidista por encima del interés del Estado.

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Kosovo no puede mantenerse como rehén por la agenda de un partido. Lo que hace aún más grave la situación es el desafío constante al orden constitucional. La Constitución no es una recomendación. Los plazos constitucionales no son sugerencias. Las instituciones no pueden crearse cuando le conviene a la mayoría y aplazarse cuando esta quiere ganar tiempo. Ahí radica el problema fundamental.

Si un partido que ha obtenido más votos interpreta su victoria como un mandato para hacer lo que quiera, entonces hemos entendido mal la democracia. Ganar las elecciones no te da derecho a ignorar las reglas que se aplican a todos. Al contrario, cuanto mayor sea la responsabilidad política, mayor debe ser la responsabilidad de respetar la Constitución. Pero en Kosovo está ocurriendo lo contrario.

La inconstitucionalidad corre el riesgo de convertirse en normalidad. El incumplimiento de los plazos se trata como parte del juego político. El bloqueo institucional se acepta como algo habitual. Las razones para la falta de funcionamiento se suceden unas a otras, mientras el Estado sigue esperando. Este es un precedente extremadamente peligroso.

Hoy puede ser el vicepresidente de la Asamblea, mañana el presidente, pasado mañana el Gobierno y más adelante el presidente de la República. Si se crea la convicción de que una mayoría política puede eludir las reglas cada vez que estas obstaculizan la consecución de sus propios intereses, entonces ya no tenemos un orden constitucional funcional. Tenemos un sistema en el que las reglas cambian según quién tenga el poder en cada momento. Y este es el camino más corto hacia la captura del Estado.

Kosovo ha pagado un precio muy alto para construir un Estado democrático. Ha invertido años, energía y sacrificios en crear instituciones que funcionen conforme a la ley, no según la voluntad de individuos o partidos. Por eso resulta absurdo que hoy, precisamente del partido que afirma ser el mayor defensor del Estado, provenga una postura que debilita al propio Estado. El Estado no se fortalece bloqueando la Asamblea, inventando nuevas razones para aplazar las cosas y utilizando la Constitución de forma selectiva. El Estado no se fortalece poniendo los intereses del partido por encima de las instituciones.

Kosovo necesita instituciones funcionales, no una crisis interminable gestionada según cálculos electorales. Necesita una Asamblea que trabaje, un Gobierno que asuma responsabilidades y un orden constitucional que se respete. De lo contrario, la crisis política se transforma en una crisis estatal.

Un Estado en el que la ley se respeta solo cuando le conviene al poder no es fuerte. Un Estado en el que se puede eludir la Constitución por intereses partidistas no es funcional. Un Estado en el que se mantiene como rehén a las instituciones para esperar una fecha más conveniente para las elecciones va por mal camino. Esto ya no es una lucha por un cargo en la Asamblea, sino una lucha por quién tiene la última palabra: la Constitución o el partido. Si la respuesta pasa a ser el partido, el problema ya no es solo Vetëvendosje. El problema es el Estado de Kosovo. Un Estado que normaliza la violación de sus propias reglas corre, tarde o temprano, el riesgo de convertirse en algo que nadie aceptará: un Estado fallido. No porque carezca de Constitución, sino porque quienes deberían respetarla no la tienen en cuenta.