LA INJUSTICIA DE LA HAYA Y EL RIESGO DE UN «MARZO 2»
Los disturbios del 17–18 de marzo de 2004 fueron instigados por Serbia, que manipuló la ira de las masas para crear una nueva situación en Kosovo relacionada con su cantonización. El 16 de septiembre de 2026 pudo haber sido la segunda ocasión para crear un «Marzo 2», con el objetivo de debilitar, dividir y abolir el Estado […]
Los disturbios del 17–18 de marzo de 2004 fueron instigados por Serbia, que manipuló la ira de las masas para crear una nueva situación en Kosovo relacionada con su cantonización. El 16 de septiembre de 2026 pudo haber sido la segunda ocasión para crear un «Marzo 2», con el objetivo de debilitar, dividir y abolir el Estado de Kosovo, manchando la guerra del ELK, el Estado de Kosovo y a los albaneses, presentándolos como actores con intenciones contra la comunidad serbia.
Escribe: Dr. Gurakuç Kuçi – profesor e investigador
Los planes para dividir y desmantelar el Estado de Kosovo parecen haberse calculado también teniendo en cuenta la previsible indignación de los ciudadanos tras la imposición de las condenas a los líderes del ELK en La Haya. Una reacción impulsiva, una instigación orquestada y una manipulación emocional siguiendo el modelo de los disturbios de marzo de 2004 habrían sido el escenario más fatal para Kosovo.
Puede leer más aquí sobre cuáles eran los objetivos de Serbia con los disturbios de marzo de 2004.
Desde hace tiempo, Serbia viene debilitando la soberanía de Kosovo y presentando a los serbios de Kosovo como víctimas de una «limpieza étnica», con una dinámica cada vez más intensa.
Si tenemos en cuenta que en Kosovo fueron detenidos espías de la BIA que tenían planes para incitar disturbios interétnicos provocando la situación, tras lo cual la otra parte «echaría gasolina al fuego», entonces el 16 de septiembre, día en que se habría dictado una condena contra los exlíderes del ELK, pudo haber sido el día elegido para llevar a cabo un «Marzo 2».
El riesgo era que se aprovechara la ira generada en Kosovo para provocar un incidente interétnico: protestas desviadas hacia zonas de mayoría serbia u objetos de la Iglesia ortodoxa, enfrentamientos, víctimas y, después, una rápida internacionalización de la crisis. Un escenario así desplazaría en cuestión de horas el debate, de la injusticia de La Haya a la pregunta de si Kosovo es capaz de proteger a los serbios y el patrimonio ortodoxo. Precisamente este es el tipo de consecuencia política que, tras marzo de 2004, alimentó los planes de descentralización étnica, autonomía, división y, posteriormente, desmantelamiento del Estado de Kosovo.
Vučić y la información previa al veredicto
Ya el 3 de septiembre, trece días antes del veredicto, Aleksandar Vučić declaró que estaba preocupado por las protestas en Kosovo y afirmó que se advertía de que habría violencia si Hashim Thaçi no era liberado.
Nueve días después ocurrió algo aún más inusual. El 12 de septiembre, Vučić reveló que los servicios serbios le habían informado inicialmente de que Thaçi recibiría una condena que, aproximadamente, solo cubriría el tiempo que llevaba en prisión preventiva. Pero después, aludiendo a sus contactos en París con líderes europeos y mundiales, dijo que había recibido «otras indicaciones» de que podía imponerse una condena severa. La visita de Vučić a París y su reunión con Emmanuel Macron el 9 de septiembre también están documentadas por la Presidencia de Serbia.
Cuatro días después, Thaçi y Jakup Krasniqi fueron condenados a 25 años de prisión cada uno, Kadri Veseli a 18 y Rexhep Selimi a 13 años de prisión.
Esto plantea una pregunta que no debe pasarse por alto: ¿qué información sobre una decisión aún no anunciada circulaba en los niveles políticos y diplomáticos?
Del informe Marty a la historia de EULEX
También es necesario recordar los orígenes del proceso. La moción del 15 de abril de 2008, que posteriormente condujo al informe de Dick Marty, fue iniciada por Konstantin Kosachev, de Rusia; entre los firmantes estaban Miloš Aligrudić, de Serbia, y Mikhail Margelov, de Rusia, junto con parlamentarios de otros países.
Serbia y Rusia siguieron impulsando el asunto a nivel internacional. En abril de 2011, Serbia pidió la creación de un mecanismo de investigación bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, mientras que el 23 de junio Rusia distribuyó, en nombre de Serbia, un proyecto de resolución para crear dicho mecanismo. Rusia siguió respaldando la petición serbia también en los debates posteriores en el Consejo de Seguridad.
Mientras tanto, el juez presidente Charles Smith había formado parte anteriormente de la estructura judicial superior de EULEX. Según la biografía oficial de las Salas Especializadas, fue juez de EULEX de 2010 a 2013, miembro del Tribunal Supremo de Kosovo y, posteriormente, vicepresidente y presidente de la Asamblea de Jueces de EULEX.
En 2021, la defensa de los exlíderes del ELK, en otro caso ante las Salas Especializadas, solicitó su recusación, aludiendo a las afirmaciones del exjuez de EULEX Malcolm Simmons y a la correspondencia electrónica relacionada con la conducta de Smith durante su etapa en EULEX. La decisión oficial sobre la solicitud de recusación de Smith fue denegada, pero confirma que los materiales y las alegaciones se presentaron en el procedimiento.
Estos elementos configuran una convergencia que merece ser investigada: los orígenes políticos del caso, el interés a largo plazo de Serbia y Rusia, la información previa en manos del presidente serbio, la trayectoria institucional del juez presidente y un contexto en el que Occidente busca, al mismo tiempo, mantener a Serbia lo más alejada posible de la órbita rusa. En 2026, Serbia ha «continuado» su camino hacia la UE y, al mismo tiempo, ha comenzado a dar pasos para «reducir» su dependencia energética de Rusia y asegurar el suministro mediante mecanismos europeos.
Un nuevo «marzo de 2004» y el interés tras la decisión
Sin embargo, la pregunta más grave es qué viene después del veredicto de primera instancia.
Si la indignación en Kosovo se mantiene como protesta política, estaremos ante una crisis de justicia y de confianza. Pero si la indignación se transforma en violencia contra los serbios o las iglesias ortodoxas, entonces estaremos ante algo distinto: una crisis de seguridad que podría utilizarse para reavivar el argumento de que Kosovo no puede funcionar como una sociedad multiétnica y de que hace falta otra solución.
Kosovo ya ha visto este modelo una vez, en marzo de 2004. Por eso, la pregunta hoy no es solo qué decidió La Haya.
La pregunta es qué escenarios podrían haberse calculado en torno a la decisión de las Salas Especializadas. Si los planes ya han fracasado —y, al parecer, así ha sido—, entonces la decisión de apelación podría absolver a los exlíderes del ELK. Sin embargo, sigue siendo nuestro deber, como Estado y sociedad, mantener esos planes fracasados. En este sentido, habría que estudiar la posibilidad de que el Colegio de Abogados de Kosovo apoye a la defensa en La Haya mediante un equipo especializado en el análisis del veredicto, la identificación de errores jurídicos y fácticos, la búsqueda de jurisprudencia, el examen de nuevas pruebas y la simulación de las audiencias de apelación. También podría solicitar la condición de amicus curiae, ya que la Regla 67 del Reglamento de Procedimiento y Prueba permite que una organización o persona solicite autorización, o que el panel la invite, para presentar observaciones como amicus curiae, mientras que la dirección procesal permanece en manos del equipo de defensa en La Haya.















