Hay algo profundamente peligroso cuando personas que afirman representar al Estado, o que se comportan como si estuvieran por encima de él, deciden sustituir la ley por amenazas, insultos y una lógica de venganza. En lugar de debatir, argumentar o responder a los periodistas con hechos, optan por el linchamiento público, las etiquetas y la presión. Cuando las palabras no les gustan, buscan castigar a quien las pronuncia. Cuando las críticas les molestan, intentan convertir al periodista en un enemigo. No se trata solo de un comportamiento arrogante. Es una mentalidad que pone en peligro la libertad y la democracia.

Los casos recientes contra Fidan Jupolli y Lirim Mehmetaj son una llamada de alarma para toda la sociedad. Jupolli se ha enfrentado a insultos, etiquetas y amenazas tras sus declaraciones públicas sobre los acontecimientos políticos y las protestas por los exdirigentes del UÇK. Por su parte, el caso de Mehmetaj, quien denunció amenazas tras un artículo crítico, adquirió dimensiones aún más preocupantes cuando el exdiputado Gani Geci acudió a la televisión donde se encontraba el periodista. No son asuntos que puedan tratarse como simples enfrentamientos entre individuos. Cuando se amenaza a un periodista por su trabajo, también se vulnera el derecho del público a estar informado.

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Es irrelevante que alguien esté de acuerdo o no con las posturas de los periodistas. Es irrelevante que un periodista sea contundente, irónico, provocador o incluso injusto en alguna valoración. La pregunta fundamental es: ¿queremos vivir en una sociedad donde respondamos a las declaraciones públicas con argumentos y con la ley, o en una sociedad donde cualquiera que se sienta ofendido crea que puede ajustar cuentas a su antojo?

Los periodistas no son intocables. No están por encima de la ley, no son infalibles y no están inmunizados contra las críticas. Al contrario, su trabajo debe ser objeto de una evaluación crítica por parte del público. Pero hay una gran diferencia entre la crítica y la amenaza, entre la oposición y la intimidación, entre exigir responsabilidades e intentar taparle la boca a otra persona.

Si un periodista infringe el código de ética, difunde información inexacta o vulnera los derechos de alguien, existen mecanismos pertinentes para abordar el asunto, según la naturaleza de la infracción. Existen el derecho de respuesta, la rectificación, las quejas y los procedimientos legales. Cualquiera que considere que el trabajo de un periodista le ha perjudicado puede recurrir a estas vías. Así es como funciona un Estado que pretende ser democrático.

Pero ¿qué ocurre cuando se eluden estas vías y alguien piensa que una publicación, un comentario o un programa pueden resolverse con amenazas? Entonces ya no estamos ante un desacuerdo común, sino ante un intento de imponer la voluntad mediante el miedo. Eso es precisamente lo que un Estado de derecho no debe tolerar.

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La situación se vuelve aún más preocupante cuando los ataques contra los periodistas son alentados o legitimados por figuras del poder. Un político que utiliza su posición para intentar deslegitimar a los medios, etiquetar a los periodistas como enemigos o presentarlos como parte de alguna agenda oscura no se limita a hacer mala política. Contribuye a crear un clima en el que sus partidarios pueden considerar aceptable amenazar a quienes piensan diferente.

El poder debe entender algo elemental: los medios no son sus departamentos, los periodistas no son portavoces y las redacciones no son oficinas de relaciones públicas de los partidos políticos. El trabajo de los periodistas no consiste en hacer que quienes gobiernan se sientan bien, ni en proteger su imagen, y mucho menos en defenderlos de las preguntas incómodas. Su trabajo es informar, preguntar, investigar y criticar cuando lo consideran necesario.

Por supuesto, el periodismo debe ser profesional y responsable. Pero la responsabilidad profesional no puede convertirse en un pretexto para la sumisión política. No se puede exigir que los periodistas sean libres solo cuando elogian, pero declararlos enemigos cuando critican. La libertad de expresión no es un privilegio que el poder concede a los medios según su estado de ánimo del día. Es un derecho fundamental, garantizado por la Constitución, y no se negocia en función de los intereses de nadie.

Ni el Kanun, ni la lógica de los caciques, ni la mentalidad de quienes creen que una llamada telefónica, una amenaza o presentarse en la puerta de una televisión basta para resolver un conflicto pueden ocupar el lugar de la ley. Kosovo no necesita personas que se comporten como si pudieran tomarse la justicia por su mano; necesita instituciones que actúen sin selectividad, sin miedo y sin distinciones políticas.

Por tanto, los casos de amenazas contra periodistas no deben quedar como un asunto de solidaridad dentro de su comunidad, sino que deben ser una prueba para las instituciones: ¿son capaces de proteger a un ciudadano de las amenazas, incluso cuando ese ciudadano es crítico con el poder o con personas influyentes? La policía y la fiscalía deben tratar los casos con seriedad, mientras que la justicia debe actuar sobre la base de las pruebas y de la ley.

Todo esto tiene que ver con la sociedad que queremos construir: ¿una sociedad donde las palabras se contradicen con palabras, o una sociedad donde las palabras se castigan con miedo? ¿Un Estado donde la ley vale para todos, o uno en el que cualquiera que tenga poder, contactos o partidarios piensa que puede hacer la ley por su cuenta?

Hay que dejar que los periodistas hagan su trabajo con libertad. Quien tenga objeciones, que las rebata con argumentos y recurra a los mecanismos pertinentes. Pero nadie tiene derecho a amenazar a un periodista solo porque no le guste lo que dice o escribe. Porque cuando quienes tienen el poder y los fuertes deciden silenciar a los periodistas, no están defendiendo su dignidad, sino vulnerando la libertad de todos. Una democracia que permite ajustar cuentas según el Kanun en vez de conforme a la ley ha emprendido el peligroso camino de su propia negación.