La lucha por liberarse de regímenes opresivos nunca es un asunto limpio.

En Francia, inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, más de 9.000 personas fueron ejecutadas durante la épuration sauvage, una purga violenta llevada a cabo por la Resistencia contra presuntos colaboradores, que incluyó asesinatos extrajudiciales, torturas, humillación pública y el rapado de las cabezas de mujeres que luego eran exhibidas en “paseos de la vergüenza” por su papel en la llamada colaboración horizontal (sexo con alemanes) . Los historiadores han documentado muchos casos motivados por rumores, venganzas personales, rivalidades locales, robos o ajustes de cuentas políticos triviales.

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En tiempos más recientes, se descubrió que el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, uno de los movimientos de liberación más famosos —y admirados— de la historia contemporánea del mundo, había cometido graves violaciones de los derechos humanos durante su lucha contra el apartheid, entre ellas torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones de presuntos colaboradores y disidentes. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica concluyó que el brazo armado del CNA recurrió habitualmente a la tortura en sus campos de internamiento entre 1979 y 1989, y que muchos prisioneros fueron condenados a muerte y ejecutados sin las debidas garantías procesales.

La FRETILIN de Timor Oriental y su brazo armado, FALINTIL, otro movimiento de liberación respetado en todo el mundo que luchó contra una ocupación brutal, también fueron considerados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del país responsables de graves violaciones de las leyes de la guerra. Entre ellas figuraban torturas, detenciones ilegales, asesinatos de civiles —incluso masacres— de aldeas enteras acusadas de colaborar con las fuerzas indonesias, y ejecuciones de opositores políticos y miembros disidentes.

Sin embargo, los órganos judiciales y de reconciliación creados tras la liberación, tanto en Sudáfrica como en Timor Oriental, tuvieron cuidado de subrayar que esos abusos, por graves que fueran, representaban solo una pequeña parte de las violaciones cometidas durante los años de opresión y ocupación por parte del régimen de la minoría blanca sudafricana y del ejército indonesio, respectivamente.

Tanto Nelson Mandela, cuyo CNA también recurrió a la violencia para liberar al país de la maquinaria del apartheid, como José Ramos-Horta, un alto dirigente y portavoz internacional de la guerrilla de Timor Oriental, recibieron posteriormente el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a los resultados de su largo y brutal camino hacia la libertad. Incluso Yasser Arafat, que encabezó un movimiento que había recurrido al terrorismo brutal y había matado a personas completamente inocentes, incluidas mujeres y niños, recibió el Premio Nobel de la Paz.

Hashim Thaçi, líder político del movimiento de liberación de Kosovo, fue nominado conjuntamente al Premio Nobel de la Paz, primero por los copresidentes republicanos y demócratas de ambos grupos parlamentarios, el albanés y el serbio, en el Congreso de Estados Unidos, y por separado por el grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, por su papel en los esfuerzos de reconciliación con Serbia después de la guerra.

Joe Biden, entonces vicepresidente de Estados Unidos, incluso llamó a Thaçi “el George Washington de Kosovo” en 2010, por su papel tanto en la liberación de Kosovo como en la construcción de una de las democracias más dinámicas de esta turbulenta región de Europa. El exsecretario general de la OTAN, Lord Robertson, lo llamó un “líder extraordinario”, mientras que la fallecida y muy querida secretaria Madeleine Albright escribió una vez que “creía en la visión de Thaçi: una visión que le faltaba a Kosovo”.

Pero si retrocedemos rápidamente unas décadas desde el momento en que el expresidente Bill Clinton expresó su “admiración por el liderazgo” de Hashim Thaçi durante los caóticos primeros meses de la posguerra en Kosovo, nuestro movimiento de liberación recibiría uno de los golpes más dañinos para su reputación por parte de un tribunal híbrido establecido oficialmente por Kosovo, pero con sede en La Haya y compuesto íntegramente por jueces y fiscales internacionales.

No volveré sobre la historia de este tribunal: la presión ejercida sobre Kosovo para que lo estableciera a partir de un extraño informe sobre tráfico de órganos redactado por un senador suizo con un largo historial de declaraciones contra la independencia de Kosovo, tras una solicitud en el Consejo de Europa promovida por Konstantin Kosachev, un diputado ruso que ahora está sujeto a sanciones de la UE. También es un hecho conocido la sospechosa decisión del fiscal especial Jack Smith de anunciar la acusación mientras Thaçi viajaba en un vuelo de Austrian Airlines a Washington D. C. para reunirse con el presidente Trump en la Casa Blanca y alcanzar un acuerdo de paz con Serbia.

Pero este tribunal impuso esta semana duras condenas al líder político del UÇK y expresidente de Kosovo, Hashim Thaçi, y a los tres coacusados, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi y Rexhep Selimi, quienes desempeñaron papeles decisivos en la liberación de Kosovo y en la dirección de las instituciones democráticas construidas después de la guerra.

La mayoría de los kosovares se sorprendió no solo por la dureza de las condenas de primera instancia (más severas que las impuestas a los dirigentes y generales serbios en el caso Milutinović et al. del TPIY por crímenes contra la humanidad durante la guerra de Kosovo), sino aún más por el relato expuesto por el presidente del tribunal para respaldar el fallo.

Los jueces internacionales ignoraron por completo el testimonio esencial del excomandante supremo aliado de la OTAN, Wesley Clark, y de diplomáticos estadounidenses, británicos y de la ONU de muy alto rango, quienes describieron a Thaçi como un líder político, no militar, y al UÇK como un movimiento guerrillero fragmentado con un control central limitado.

Sin embargo, la Sala de Primera Instancia concluyó que los acusados (y muchos otros comandantes del UÇK mencionados expresamente) formaban una “empresa criminal conjunta” con un “propósito criminal común” de atacar a quienes consideraban opositores del UÇK, al tiempo que los absolvió de los cargos de crímenes contra la humanidad.

Inmediatamente después de las impactantes condenas, muchas embajadas amigas subrayaron que el presidente del tribunal había “recalcado que el juicio no se refería a la legitimidad del Ejército de Liberación de Kosovo y su objetivo de una Kosovo independiente, sino al uso de ciertos medios delictivos por parte de algunos de sus miembros para alcanzar esos objetivos”. Pero, desde luego, eso no es del todo cierto. El presidente del tribunal lo dijo. Pero la negación de responsabilidad quedó empañada por el largo relato que siguió. Su extensa declaración inicial estaba repleta de acusaciones, conclusiones e insinuaciones que cuestionaban la propia decisión de esos hombres (la mayoría, entonces, a principios o mediados de la veintena) de recurrir a la violencia para liberarse de un régimen opresivo. El juez no aprovechó su tiempo ante los medios de comunicación mundiales (ni, al parecer, su fallo confidencial de unas 2.000 páginas) para ofrecer una explicación clara e indiscutible de la legalidad de la resistencia armada contra un régimen similar al apartheid. Tampoco dedicó mucho tiempo a explicar que esos abusos, por graves que fueran, representaban solo una pequeña parte de las violaciones cometidas durante muchos años por el régimen de Milošević.

Los diplomáticos extranjeros también señalan que las condenas no son definitivas. De hecho, los fundadores condenados de la República de Kosovo apelarán, pero lo harán teniendo en cuenta el sorprendentemente asimétrico historial de las apelaciones presentadas por la Fiscalía y la Defensa. Como señaló en julio Luka Mišetić, el experimentado pero profundamente frustrado abogado de Thaçi, la Fiscalía había presentado tres apelaciones y había ganado las tres: una tasa de éxito del 100 por ciento. Mientras tanto, la Defensa había presentado 44 apelaciones y había perdido las 44: una tasa de fracaso del 100 por ciento. La relación entre las Salas y la Fiscalía se ha vuelto legalmente incestuosa: no hay una separación significativa entre ambas partes, como ha señalado el Comité de Abogados de Inglaterra y Gales por los Derechos Humanos, una institución que difícilmente puede considerarse simpatizante del UÇK.

En cuanto a las reacciones en Kosovo, bueno… Iconos musicales mundiales como Dua Lipa y Rita Ora, estrellas del fútbol como Granit Xhaka y cientos de miles de personas llenaron sus carteles con los logotipos del UÇK, acompañados de declaraciones como “No en mi nombre” y “La libertad tiene un nombre”, un claro reproche al absurdo de que los jueces decidan “en nombre del pueblo de Kosovo” que el movimiento de liberación popular es criminal. En cuanto a las consecuencias políticas, hablaremos de ellas más adelante.

Pase lo que pase en la apelación, este fallo ha causado un profundo daño a la reputación no solo de los cuatro hombres, sino también a la imagen histórica de todo el movimiento de liberación de Kosovo. Daniel Serwer, investigador principal del Instituto de Política Exterior Johns Hopkins SAIS y exdiplomático estadounidense de alto rango, fue tajante al referirse al fallo: “Los estadounidenses y los europeos deberían estar consternados”, escribió, argumentando que habían “criminalizado un movimiento de liberación al que apoyaron y reducido la justicia internacional a una venganza política”.

Es difícil no advertir la ironía más amplia.

En un momento en que los gobiernos occidentales hablan constantemente de hacer frente a la influencia hostil, el revisionismo histórico y la guerra híbrida de Rusia, ahora han gastado cientos de millones de dólares en construir y apoyar una institución cuyo fallo ofrece precisamente el tipo de munición narrativa que sus adversarios llevan décadas buscando. Para los revisionistas de Moscú y Belgrado, había motivos para descorchar el champán.

Para los movimientos que luchan por la libertad —y la democracia— en todo el mundo, la lección será clara: cuidado con los amigos que traen tribunales internacionales.

Escrito en La Haya, el 17 de septiembre, Anno Domini 2026.