En la Organización de las Naciones Unidas, una paradoja que rara vez recibe atención es que un miembro puede usar la tribuna de la Asamblea General para formular todo tipo de acusaciones contra Kosovo, pero este último no goza del derecho a responder.

Una asimetría así volvió a hacerse visible el 23 de septiembre, cuando el ya expresidente de Serbia, Aleksandar Vučić, dedicó una larga parte a Kosovo durante la 81.ª sesión de la Asamblea General, acusando a los Estados que han reconocido la independencia de Kosovo de haber violado la Carta de la ONU y el derecho internacional; luego amenazó con que Serbia defendería su integridad territorial, la Carta y la Resolución 1244. Sus acusaciones llegaron al punto de acusar también a Kosovo de “limpieza étnica” contra los serbios.

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Serbia, como Estado miembro de la ONU, tiene derecho a hablar y expresar sus posturas, pero el problema no está en ese derecho. Lo problemático es la cuestión institucional, dentro de cuya arquitectura se articula ese derecho, en la que la parte de la que se habla no tiene el derecho ni un estatus equivalente para responder a las acusaciones en la misma sala.

Esta cuestión va más allá de lo simbólico.

En 2010, la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU, respondió a una pregunta planteada por medio de la Asamblea General tras una iniciativa de Serbia.

La pregunta era: “¿La declaración unilateral de independencia de las Instituciones Provisionales de Autogobierno de Kosovo es conforme al derecho internacional?”

La CIJ respondió que no se había violado el derecho internacional, ni la Carta de la ONU, ni la Resolución 1244 ni el Marco Constitucional de la UNMIK.

Esta respuesta de la CIJ a la iniciativa de Serbia hace paradójico el debate actual: solo se permite a Serbia presentar su versión del derecho internacional en la ONU y rechazar por completo la respuesta de la CIJ, mientras que Kosovo no puede defenderse ni refutar las interpretaciones desde la misma posición procesal.

El problema no es solo la membresía

La Asamblea General vincula el derecho de réplica de las delegaciones a un estatus especial para participar en sus trabajos. Según la regla 73, el presidente de la Asamblea puede conceder a un miembro el derecho de respuesta. Pero Kosovo, al no ser aún miembro de la ONU ni tener un estatus especial de observador en la AG, no goza automáticamente de este mecanismo.

Sin embargo, existen precedentes del pasado en los que la AG ha concedido derechos especiales de participación a distintas delegaciones, incluido el derecho de réplica. Esto no resuelve la cuestión de la membresía, pero crea un mecanismo que permite a una parte no miembro participar de manera más sustancial en los debates que la afectan directamente.

La paradoja se agrava aún más cuando Kosovo, aunque no sea reconocido por países como China, India o España, mantiene un comercio regular con ellos y forma parte del sistema internacional de circulación de mercancías, pagos y procedimientos aduaneros. China por sí sola representa más de una décima parte de las importaciones de Kosovo. Así pues, la falta de reconocimiento político no ha impedido la interacción económica y jurídica en la práctica; sin embargo, en la ONU el estatus político sigue negándole a Kosovo incluso la posibilidad de responder a las acusaciones formuladas contra él.

La membresía de Kosovo sigue siendo rehén de cuestiones políticas, debido al veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU, y no de los criterios del derecho internacional. Esta cuestión, por tanto, plantea con razón la necesidad de reformar la organización.

Una prueba para la reforma de la ONU

En su discurso ante la AG de la ONU, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan pidió reformar las Naciones Unidas, argumentando que esta institución no está logrando cumplir la misión para la que fue creada. Un debate así no es muy nuevo, pero se ha desarrollado más en círculos académicos que políticos.

El debate sobre la reforma de la ONU suele centrarse en el veto, la composición del Consejo de Seguridad y la representación de las potencias emergentes. El veto es el aspecto al que Rusia más se opone; al mismo tiempo, Rusia es el principal adversario de la membresía de Kosovo en la ONU y, una vez más, también en esta ocasión hizo declaraciones contra Kosovo sobre la Carta de la ONU y la Resolución 1244 que contradicen la conclusión de la CIJ.

En el marco de esta demanda de reforma, también debe añadirse un problema procesal fundamental: quién tiene derecho a hablar cuando es objeto directo del debate o del discurso de un Estado.

Una reforma así no exigiría que el estatus de membresía y el derecho a ser escuchado se trataran como una misma cuestión. Por el contrario, la ONU podría establecer una norma procesal según la cual cualquier parte que sea objeto directo de acusaciones en la Asamblea General tenga la posibilidad de responder, independientemente de que goce o no del estatus de miembro de pleno derecho. Esto separaría la cuestión del estatus político de la necesidad elemental de un debate institucional justo.

Al mismo tiempo, la reforma no debería pasar por alto el problema de la membresía. Cuando la admisión de un Estado depende de la recomendación del Consejo de Seguridad, el veto de las potencias permanentes puede convertir una cuestión de representación internacional en rehén de rivalidades geopolíticas. El caso de Kosovo demuestra que las consecuencias de este bloqueo no se limitan a la falta de un asiento en la ONU, sino que también afectan a la capacidad de participar en el debate en el que se habla directamente de él.

Por tanto, la reforma debe avanzar en dos direcciones paralelas: revisar la forma en que los bloqueos políticos afectan al proceso de membresía y, hasta entonces, establecer un derecho procesal claro a responder. Esto transformaría la cuestión de un privilegio ligado al estatus en una norma de justicia institucional.