Kosovo ha entrado en una semana decisiva, no solo por el plazo constitucional para elegir al presidente, sino también por la grave situación política y jurídica que se ha creado tras la sentencia de primera instancia del Tribunal Especial contra Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi y Jakup Krasniqi.

El lunes, la Asamblea aprobó con 99 votos una declaración sobre la sentencia contra los dirigentes del UÇK, expresando profunda preocupación y reclamando una actuación coordinada en los ámbitos jurídico, institucional y diplomático. Esta es una postura política de la Asamblea. No es una decisión judicial, no modifica la sentencia y no puede sustituir los argumentos jurídicos que deben presentarse ante el Tribunal de Apelaciones. Es precisamente aquí donde comienza la responsabilidad del Estado. Porque una declaración, por muy contundente que sea políticamente, no basta.

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Si Kosovo desea defender seriamente la guerra y el legado del UÇK, así como los derechos de quienes se encuentran en La Haya, debe adoptar un enfoque mucho más organizado. El caso debe prepararse con la máxima seriedad para la apelación, movilizando las mejores capacidades jurídicas. Asimismo, se necesita coordinación institucional, argumentos, pruebas y una estrategia, así como un enfoque político que comprenda la diferencia entre las declaraciones políticas y la batalla jurídica.

La sentencia del 16 de septiembre no es firme y todavía existe un margen importante en el que la defensa debe hacer todo lo jurídicamente posible. Pero, para ello, Kosovo necesita un Estado funcional.

El lunes, los partidos políticos lograron unirse en torno a una declaración. Es decir, quedó demostrado que es posible encontrar un lenguaje común. Pero, cuando se trata de elegir al presidente, todavía no se encuentra un candidato.

El Tribunal Constitucional ha establecido claramente que el plazo de 60 días para elegir al presidente comenzó el 8 de agosto y termina el 6 de octubre. Esto significa que solo quedan unos pocos días, pero la escena política sigue comportándose como si Kosovo dispusiera de tiempo infinito.

Tras un largo período de bloqueo institucional, después de las elecciones, de la tardía constitución de la Asamblea y de la formación del Gobierno, el país no puede afrontar otra crisis política. Sobre todo ahora, cuando Kosovo se enfrenta a un proceso de enorme importancia ante el Tribunal Especial.

El presidente no es un adorno del Estado. No es un cargo que deba utilizarse como moneda de cambio entre partidos. No es una recompensa para ningún partido político. Es una institución constitucional.

Por lo tanto, si existe una posibilidad real de alcanzar un acuerdo político en torno a un candidato que pueda obtener los votos necesarios, los partidos tienen la obligación de sentarse y llegar a un acuerdo. No por ellos mismos. Por el Estado.

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Otro fracaso a la hora de elegir al presidente podría llevar al país nuevamente a elecciones. Si esto ocurre, la pregunta no será solo quién ganó y quién perdió políticamente, sino por qué se volvió a llevar a Kosovo a elecciones cuando existía la posibilidad de que las instituciones funcionaran. Esto sería una gran irresponsabilidad política.

Kosovo no necesita otra contienda electoral, sino instituciones que trabajen. Necesita claridad política. Necesita una preparación seria para la batalla jurídica que se libra en La Haya. Necesita una diplomacia que explique su postura con argumentos y no solo con declaraciones. Necesita un Estado capaz de actuar.

En este sentido, el 6 de octubre no debe verse solo como una fecha del calendario, sino como una prueba. Una prueba para Vetëvendosje y los partidos de la oposición. Una prueba para todos los diputados que tienen un mandato ciudadano. Es una prueba de si la política kosovar es capaz de anteponer el interés institucional a los cálculos partidistas.

Si los partidos han podido ponerse de acuerdo en una declaración conjunta sobre el Tribunal Especial, entonces también deberían poder encontrar una solución para la presidencia. Puede que no estén de acuerdo en muchas cosas. Puede que tengan profundas diferencias. Puede que tengan distintos intereses electorales. Pero el Estado no puede quedar rehén de esas diferencias.

El caso de los dirigentes del UÇK exige seriedad. La apelación requiere trabajo jurídico, no emociones. Kosovo debe estar preparado política e institucionalmente para cualquier eventualidad. Por esta razón, hoy no hay margen para una nueva crisis.

Una declaración parlamentaria puede ser una señal política. Pero debe ir seguida de medidas concretas. El primer paso está claro: Kosovo debe elegir al presidente. Queda una semana. Si la política no es capaz de alcanzar un acuerdo en este plazo, no podrá escudarse en las excusas de siempre. El Estado no puede esperar indefinidamente a que los partidos lleguen a un acuerdo. Y Kosovo, en este momento, necesita precisamente una cosa: que la política se comporte como un Estado.